Comité Central

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El 3 de julio se ha reunido el gobierno PSOE-UP, encargado de gestionar los intereses de la oligarquía, con los denominados agentes sociales, CEOE y CEPYME en representación de la gran y mediana burguesía, y los sindicatos CCOO y UGT en representación de la clase obrera; estos últimos que desde sus cúpulas de alta dirección dejaron de considerase herramientas de confrontación y lucha de clases para auto proclamarse agentes sociales.

Este “penúltimo encuentro” tiene como objetivo político cimentar el gran pacto social que en breve será acordado y aprobado en las instancias parlamentarias y jurídicas de la dictadura del gran capital.

Pacto Social que no tan solo se centrará en cuestiones de carácter laboral, aunque sean estas el principal objetivo. En esta ocasión, debido a la agudización de la crisis general del sistema, la burguesía necesita que se profundice en la necesaria “paz entre clases”, paz social. Más allá de lo publicado en la letra impresa, éste deberá dirigirse a conseguir un gran consenso social que garantice a la oligarquía una estabilidad política que no ponga en peligro sus objetivos inmediatos de recuperación económica, y que no facilite el posible cuestionamiento del capitalismo que puede generarse con las previsibles movilizaciones que se darán en el próximo otoño.

El papel del autodenominado “gobierno de progreso” formado por PSOE, Podemos, IU y PCE, es el garante de que esta “paz social” no se vea alterada por las legitimas aspiraciones del pueblo trabajador, para lo que una vez más cuentan con la necesaria y traidora complacencia de las cúpulas dirigentes de CC.OO y UGT; los unos y los otros, cada cual en su papel político y social, mantienen un doble y hasta triple discurso, por ejemplo el PCE, con toda la carga de hipocresía posible, al tiempo que se manifiesta verbalmente contrario a determinados aspectos de estos pactos, se mantiene impasible ante la agresivas políticas llevadas a cabo por el gobierno del que forma parte.

Es necesario denunciar que, desde hace bastante tiempo, CC.OO y UGT, en un  ejercicio de abandono de posiciones de clase, sus dirigencias centrales están garantizando el “efecto dormidera” entre sus afiliados; los que hoy aún consideran que éstos, sus sindicatos, trabajan encaminados a la defensa de los intereses de la mayoría obrera.

Asimismo, hay que denunciar que este gobierno ha incumplido la oferta electoral de derogación de las leyes laborales. UP, en una manifiesta traición a su electorado y afiliados, una vez conseguidas las carteras ministeriales, ha cambiado su discurso con el ya manido argumento de conseguir entre lo ofertado lo menos malo, que no deja de ser muy malo para el pueblo trabajador.

¿Es suficiente con la denuncia verbal de estos y otros pactos llevados a cabo entre la oligarquía y los llamados agentes sociales? La respuesta es contundentemente NO. Se hace necesaria la organización, en un amplio acuerdo de los Partidos Comunistas y revolucionarios, Sindicatos de clase y estructuras orgánicas de la clase obrera y capas populares. Hoy es una necesidad imperante la puesta en marcha del FOPS, Frente Obrero y Popular por el Socialismo, organización de clase con la que derrotar las intenciones de la oligarquía y sus lacayos gobiernos, Frente desde el que la clase obrera y sus aliados comiencen a conformar poder político, desde el cual cambiar la tendencia actual de opresión y explotación del pueblo obrero y trabajador.

La Clase Obrera, el pueblo trabajador, no puede seguir depositando su confianza en sujetos políticos y sindicales que una y otra vez se sitúan bajo el faldón del gran capital facilitando que la dictadura de clases sea favorable a la burguesía.

Desde el PCPE no tan solo denunciamos públicamente estos pactos y acuerdos entre el sector oligárquico de la burguesía y los siervos del capital. Trabajaremos para que en lo mas breve posible el FOPS sea una realidad práctica; el PCPE continúa emplazándose en su línea y trabajo político que posibilite la unidad de acción de todos los partidos y estructuras obreras y populares.

A 9 de julio de 2020.

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La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto algo de lo que tal vez en su momento, con la propaganda de fondo para ocultarnos la realidad, no fuimos conscientes. Que la silenciosa privatización de la sanidad mata. Ahora el pueblo trabajador ha pagado caro, en términos de muertes evitables, el desmantelamiento de la sanidad pública. 

Los recortes no se iniciaron ayer. Años de desmantelamiento y progresivas privatizaciones han evidenciado la falta de recursos para atender dignamente a la población, para salvar vidas.  12.000 enfermeras españolas se han visto forzadas a emigrar por falta de trabajo, pero aquí faltaba personal; UCIs sin usar en hospitales privados y en Madrid las personas muriendo en camas en los pasillos o abandonadas en sus domicilios o en centros penitenciarios o en geriátricos; trabajadoras de limpieza con contratos precarios y subcontratadas jugándose la vida sin EPIs adecuados.... Todo legal y amparado por la Ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley sanitaria que abrió las puertas a que se diera este proceso lento y letal en el que, lo queramos o no, nos cuesta la vida.

Hay evidencias que demuestran que ser atendido en un hospital con ánimo de lucro, aumenta las probabilidades de muerte respecto a ser atendido en un hospital público en un 2% en adultos, un 8 % en pacientes crónicos y un 10 % en recién nacidos. La defensa de la vida y la salud de la mayoría social está reñida con la obtención de beneficios por unos pocos. Mientras las empresas privadas sigan parasitando los sistemas públicos de salud, la práctica del darwinismo social seguirá siendo la práctica habitual, con más o menos matices según el momento de crisis, pero en definitiva las muertes evitables seguirán cayendo del lado del pueblo trabajador. La privatización sanitaria ha provocado las muertes a gran escala, no el coronavirus. Dejar las políticas sanitarias en manos de empresas privadas conlleva el abandono de las imprescindibles facetas preventivas y de promoción de la salud, de escasa rentabilidad económica en el corto plazo. La prevención no le interesa a la empresa privada, necesita tener enfermedad y cronicidad para ir engordando la factura. 

El modelo que necesitamos trabajadoras y trabajadores es el de refuerzo de la atención primaria, la prevención, junto con políticas sociales incluyentes de todas las personas independientemente de su origen o situación administrativa y aumentar las infraestructuras hospitalarias, los recursos humanos y las camas disponibles a fin de reforzar la red hospitalaria pública. Hay medios y dinero para ello. No nos pueden decir lo contrario, al menos no vamos a creer esa propaganda justo cuando sabemos que las personas enfermas durante la cuarentena morían por falta de respiradores y que 440 de ellos costaban lo mismo que un tanque o, el mismo día que hemos sabido que el gasto militar superará este año los 20.000 millones de euros. Lección y aprendizaje de la pandemia, sí hay dinero y sí hay recursos. Lo que impide que esos recursos se destinen a la vida y salud de la mayoría social, de quienes todo lo producimos, es la existencia de un sistema depredador y violento cuya base material es la producción colectiva de la riqueza y la apropiación privada de esa riqueza. Esa tremenda contradicción es la que nos condena a la miseria, la opresión, la explotación y… a la muerte en tiempos de una pandemia como la de esta primavera.

Hay responsables políticos que aprobaron la Ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad,....y el silencio social mientras todo esto ocurría pensando que era algo ajeno.

Hoy, la realidad es otra. La socialdemocracia y el reformismo, cumpliendo con su papel histórico de conducir a la clase obrera al matadero, pretenden hacer tabla rasa y volver a la situación previa, en la que ya el sistema estaba desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras, los seguros privados (esos que han desaparecido en la pandemia), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa. Hoy con las lecciones bien aprendidas y grabadas a sangre y fuego en nuestra memoria colectiva, vamos a salir a la calle el 20 de junio. Y más allá. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores. Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra los productores de enfermedad, para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general. No hay caminos intermedios para garantizar que nunca más habrá muertes evitables, para garantizar que nunca más seremos víctimas del capitalismo del descarte humano. 

20 DE JUNIO DE 2020 MOVILIZACIONES:

ANDALUCÍA: Almería, Aguilar, Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla.

BARCELONA

CANARIAS: Las Palmas de GC, Tenerife

CASTILLA LA MANCHA: Albacete, Toledo

MADRID

MENORCA

MURCIA

PAÍS VALENCIÀ: Alacant, Benidorm, Orihuela, Valencia

SANTANDER

ZARAGOZA

 

SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO TRABAJADOR.

Sólo el pueblo organizado salva al pueblo.#TuLuchaDecide.

 

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