Comité Central

La lucha por el aborto libre sigue vigente hoy, dado que persisten multitud de países donde el aborto es ilegal o muy restringido, como se constató recientemente en Argentina. Cada año se producen 55,7 millones de abortos en el mundo, un 45% de los cuales se realiza sin garantías de seguridad.

En el estado español, la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mantiene multitud de deficiencias en su desarrollo y aplicación. El anterior gobierno socialdemócrata no la dotó de presupuesto y la dejo sin contenido real, y el PP ahondó en esa política dando apoyo a las organizaciones provida, e incluso planteó una reforma pretendiendo volver a 1985 con la ley de supuestos, proyecto que el actual líder del PP, Pablo Casado, quiere rescatar.

No está asegurada la realización de la IVE en la sanidad pública, no se garantiza a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de mujeres jóvenes, migrantes y de las que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género.

Hay propuestas, más allá del IVE, relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que no se han materializado en políticas generales ni en proyectos sanitarios o educativos. Han desaparecido los servicios de atención e información sexual, consultas jóvenes, centros de planificación familiar, etc. La educación afectiva-sexual ha desaparecido de los currículos educativos, tiene escasísimos recursos en proyectos puntuales autonómicos y locales, y eso provoca el avance de las actitudes machistas entre la juventud.

Los métodos anticonceptivos están prácticamente fuera de la sanidad pública, los preservativos siempre, DIU o parches hormonales sólo algunos modelos y las pastillas anticonceptivas de última generación, más demandadas, han sido recientemente excluidas de la Seguridad Social. Estas medidas objetivamente afectan a las trabajadoras que sufren en mayor medida los recortes y las políticas antisociales del capitalismo español.

El 90% de interrupciones de embarazos (IVE) se llevan a cabo en centros privados en nuestro país. En el capitalismo el aborto es un negocio más, la privada siempre está dispuesta a atender a las mujeres de alto nivel socioeconómico, para interrumpir el embarazo, sin condiciones, sin plazos, ni preguntas; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal.

La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues lo que sigue estando en juego es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de su cuerpo, de su maternidad y de su vida.

Las mujeres nos enfrentamos en la sanidad pública, a una carrera de obstáculos para ejercer un derecho que nos corresponde. Y es esto lo que constituye un trato indigno en el acceso al aborto. El aborto será digno cuando todas las mujeres que decidan abortar reciban un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con plena autonomía y con información veraz por parte de los servicios públicos de salud. Hasta que esto suceda, se seguirá vulnerando por parte del Estado el derecho a un aborto digno.

El derecho al Aborto se ha conseguido gracias a la lucha incesante de las mujeres, y ahí hemos estado las comunistas y los comunistas del PCPE. Y ahí seguimos luchando. Derecho al Aborto Libre, lo reivindicamos en la calle, en las fábricas, en centros de estudios y trabajo, en pueblos y barrios, porque no estamos por la defensa de la ley actual, sino que queremos que el Aborto salga del código penal, y que se doten a las políticas públicas de los recursos necesarios para garantizar efectivamente un Aborto libre, seguro y gratuito.

¡NO SOMOS APARATOS REPRODUCTIVOS AL SERVICIO DEL CAPITAL!
¡PARIR ES UN DERECHO, NO UNA IMPOSICIÓN!
¡POR UN ABORTO LIBRE, SEGURO, GRATUITO Y EN LA SANIDAD PÚBLICA!

14 de Septiembre 2018

No con nuestro trabajo

Escrito por
El Secretariado Político del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España, denuncia…

Ante la detención del compañero y amigo Willy Toledo, el Secretariado Político del PCPE, exige su inmediata libertad sin cargo alguno y muestra su más absoluta solidaridad con el acto de dignidad que expresa su negativa a presentarse voluntariamente a declarar en la causa que la justicia burguesa española, a instancias de la ultrarreaccionaria Asociación Española de Abogados Cristianos, ha iniciado contra él.

Con su acto de rebeldía, Willy Toledo alcanza la dignidad que solo se logra cuando recorremos la resistencia contra la injusticia y la explotación. Así se ha escrito la historia de la Humanidad y el gesto del compañero es un paso más en el camino hacia nuestra definitiva liberación como clase y como pueblo.

España sigue siendo campo fértil para el avance y la proliferación de las ideas sectarias que propugna la Iglesia Católica. El nacional catolicismo franquista confirmado en la Constitución del 78, revalidado en el Concordato con el Vaticano e interpretado en la permanente connivencia entre Estado e Iglesia, hace que, contra todo imperio de la razón, la convivencia entre iguales y la inteligencia, permanezca en el Código Penal el delito de blasfemia. Monarquía, Iglesia y caciques de todo pelaje con cilicio y acciones del Ibex 35, son la expresión viva más evidente de lo mas rancio de esta España de explotadores con relicario que necesitamos destruir para empezar a ser un pueblo culto y libre.

Que sirva la lucha del compañero para acabar con la represión sistemática que se ejerce contra quienes luchan y defienden sus derechos; organicemos la lucha por la libertad de todos los presos y presas políticas. El pensamiento no delinque y la libertad de expresión es un derecho humano básico e irrenunciable.

CONTRA LA REPRESIÓN, NI UN PASO ATRÁS.

NO PASARÁN

Secretariado Político del PCPE

Desde el PCPE queremos hacer llegar nuestra solidaridad con los compañeros militantes de CNT que…

La exhumación del fascista asesino Francisco Franco, 43 años después, no resuelve la estafa de la Primera Transición ni legitima a la dictadura del capital en España bajo su actual forma de monarquía parlamentaria.

El gobierno de Pedro Sánchez pretende legitimarse en su calidad democrática con la exhumación del cadáver de Francisco Franco, retirándolo del Valle de los caídos, y trasladándolo “a un lugar digno”. Ese “digno” solo se debería interpretar como “digno de un golpista asesino”, si  es que hablamos de democracia.

Esta iniciativa del gobierno socialdemócrata-liberal responde también a una finalidad de mayor alcance, colocándola simbólicamente como la escenificación del fin de la Primera Transición y, con esto, adentrar el poder de la burguesía española en un nuevo escenario de estabilidad; estabilidad que ya no le aporta esa maltrecha Transición iniciada, precisamente, a la muerte del criminal dictador que regó de sangre todos los pueblos de este país.

El engaño de esa Primera Transición, una vez más, se ha puesto de manifiesto en estos días, al hilo de la decisión del gobierno. Altos mandos de los ejércitos expresan su incondicional apoyo a los crímenes cometidos por Francisco Franco, y lo reivindican por ello. Varios cientos lo han hecho públicamente y otros lo hacen en privado para evitarse algunos inconvenientes. La Fundación Franco, financiada generosamente con fondos públicos, se opone a la retirada de la momia. La derecha política clásica (PP y Cs) hace equilibrios para disimular su apoyo a esa dictadura anterior, más por conveniencia de cálculo electoral que por convicciones democráticas, que no tienen. La monarquía autista, a ver si nadie le pide responsabilidades. Y la Iglesia católica, colaborador necesario en los crímenes cometidos, opta por un hipócrita silencio, mientras sigue poniendo todo tipo de dificultades para la exhumación de víctimas enterradas en ese mismo lugar, o admite enterramientos como el del sanguinario Queipo de Llano en la iglesia de la Macarena.

La decisión del gobierno Sánchez de ninguna manera se puede considerar el cierre de una injusticia histórica, o un antídoto de la estafa de la Primera Transición. Esta es otra estafa política, que, una vez más, cuenta de forma útil con la participación de la socialdemocracia histórica, arrastrando también el apoyo de la nueva socialdemocracia de Pablo Iglesias, para mayor abundamiento.

El cierre de esa etapa histórica exige una serie de medidas que ni este gobierno, ni ningún otro que se dé bajo la dominación de la violenta burguesía española, llevará a cabo.

-La eliminación total y completa de toda exaltación del franquismo y sus crímenes, en cualquier lugar público, libros de texto, o cualquier otra referencia social.

-Eliminación total de todo monumento o nombre de lugares públicos que exaltan al franquismo y a sus sicarios.

-La depuración de los ejércitos y cuerpos de policía de todos los elementos franquistas, o partícipes en la represión en ese período.

-Apertura de juicio y depuración de responsabilidades a todos los responsables de torturas y crímenes durante la dictadura de Franco y los llamados años de la Transición, que sigan vivos.

-Recuperación de todas las víctimas (140.000), que están fosas comunes, pozos y cunetas, con entrega a sus familiares y/o enterramiento digno

-La anulación de todos los juicios del franquismo, y la rehabilitación de todas sus víctimas.

-La instauración de una fecha de homenaje anual a quienes defendieron la II República y dieron la vida en defensa de la misma y en la lucha contra el fascismo, como fiesta nacional que sustituya a la actual del 6 de diciembre.

El gobierno de Pedro Sánchez, que no abordará este conjunto de medidas, no está haciendo otra cosa que limpiar la imagen de la criminal burguesía española que pasa por una profunda crisis de su sistema de dominación y de su legitimación social, y que no dudaría en repetir hoy sus crímenes de ayer si el ascenso de las luchas de la clase obrera la situara en una posición de debilidad en el escenario de la lucha de clases. En esta operación se trata, también y una vez más, de salvar a la obsoleta y decante monarquía de los Borbones.

Frente al engaño y la manipulación que hace este gobierno, que no tiene otra finalidad que perpetuar y estabilizar a la dictadura del capital en una nueva fase de su antisocial poder, reivindicamos la continuidad de la línea histórica de la lucha de la clase obrera y de los pueblos del Estado por la construcción de un nuevo proyecto histórico para este país, como patria republicana y socialista que reconozca la condición plurinacional de nuestra realidad. Ese será el mejor homenaje a las víctimas de la barbarie franquista, continuar su lucha.

Carmelo Suárez

Secretario General del PCPE

24 de Agosto 2018

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